El General Juan Jaime Cesio fue descalificado por falta gravísima al honor con accesoria de pérdida del uso del grado, título y uniforme, sanción aplicada por la última dictadura militar argentina (1976-1983), por acompañar a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus marchas; declarando en ese entonces que “bandas integradas por militares habían usurpado el gobierno”

En momentos en que la práctica totalidad de los uniformados se callaron la boca y miraron para otro lado, a este señor se le dio por tener el coraje de decir la verdad.

Como consecuencia de semejante atrevimiento se le inició un sumario por “deshonor e indecoro militar”. Denunciar la desaparición de personas era indecoroso para nuestros militares. Se pidieron para el Coronel Cesio seis años de prisión mayor. Tras un sobreseimiento y un nuevo juicio, el llamado Superior Tribunal de Honor del Ejército le impuso, el 7 de noviembre de 1983 (un mes antes del fin de la dictadura y asunción de Raúl Alfonsín), la más grave de las sanciones previstas. “Descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoria de privación de su grado, título y uniforme”. Al decir de Osvaldo Bayer, "Matar, desaparecer, robar niños, torturar a mujeres embarazadas, tirar al mar a seres humanos vivos, no era delito. Denunciar esos hechos, sí."

Ante la condena del coronel Cesio, el director James Neilson, del Buenos Aires Herald, el 15 de noviembre de 1983, escribirá un artículo en el que señala: “Muy difícil sería encontrar una prueba más impresionante de los efectos profundamente corruptores del poder sobre las instituciones militares y los hombres involucrados en ellas que el suministrado por este lamentable episodio, revelador del inmenso daño infligido no sólo al país sino a las mismas fuerzas armadas por decenios de régimen militar directo o indirecto. Se ha perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es honorable y lo que no lo es y la de haber instituido un código de silencio, que lo subordina todo al ocultamiento de la verdad no sólo de los extraños sino también de los militares que temen enfrentarla”.

Durante más de 20 años de democracia, la sanción aplicada al Coronel Cesio siguió vigente. Mientras tanto, los genocidas se beneficiaron de leyes de olvido y perdón, de indultos, algunos incluso fueron legisladores y gobernadores.

Fue en el 2006 por decisión del entonces Presidente de la Nación Nestor Carlos Kirchner que envió al Senado los pliegos de ascenso a general de dos coroneles comprometidos con la democracia y la Constitución y perseguidos por grupos paramilitares. La propuesta de ascenso, presentada por Kirchner como un medida "reparatoria, que pone las cosas en su lugar",alcanzaba al Coronel Cesio y al fallecido Martín Rico asesinado en marzo de 1975 "cuando investigaba a la Triple A", la banda terrorista de ultraderecha que tras el golpe de 1976 fue asimilada al aparato represivo de la dictadura.

A palabras de Cesio “Los militares sirven a la democracia en su profesión y se integran a su país como ciudadanos. Como militares obedecen, como ciudadanos hacen uso de las libertades que la Constitución les otorga, a la que defienden en todos sus órdenes; de entre ellos, el de velar por la paz.” “Se podría comenzar con tratados internacionales de desarme. Es insensato que en los presupuestos se destinen a la compra de armamentos recursos que servirían para paliar la desnutrición y cuidar la salud, entre tantas necesidades impostergables que nos conmueven. La tenencia de armas por parte de los ciudadanos debe ser restringida y ni siquiera debe aceptarse las que los niños usan para jugar”.