La saña puesta en la destrucción de la vivienda y lugar de encuentro de la comunidad muestra claramente la impunidad de unos ante la vulnerabilidad de otros, cuando el estado se encuentra ausente para acompañar los procesos de organización social, con políticas públicas locales participativas, promoviendo la articulación en redes solidarias que fortalezcan la colaboración colectiva para la resolución de los problemas comunes en nuestro territorio.
Acompañamos desde la CTA al Movimiento de Colectivos , a las organizaciones territoriales y a los vecinos en el reclamo de una inmediata investigación sobre los responsables de los hechos y sus ideólogos planteando a la justicia, a las fuerzas de seguridad, y al poder ejecutivo municipal el inmediato esclarecimiento de los hechos y la presencia del estado dando amparo a quienes todos los días siguen creyendo en la organización de la comunidad y en la consolidación de un modelo de inclusión social con justicia y sin impunidad.
Ignacio Concetti
Secretario General
CTA Florencio Varela
Nos convocamos nuevamente para que el día de hoy, lunes 3 de septiembre, a las 17:30 en Atenas y Austria, para definir las acciones a seguir junto a demás organizaciones.
Reproducimos el 2º comunicado surgido de la asamblea de organizaciones del día domingo 2 de septiembre, en la que la CTA Varela estuvo presente.
Asamblea en Varela
Un nuevo conflicto social y político se desarrolla en los barrios del conurbano bonaerense. Se trata del surgimiento de un poder que aspira a controlar territorios y vidas articulando el desarrollo de las redes del narcotráfico con la complicidad de redes policiales, judiciales y políticas. El barrio Pico de Oro, en Florencio Varela, es ahora epicentro de este violento conflicto.
En el día de hoy hemos realizado una asamblea en el barrio con muchos actores afectados por este flagelo, convocando un amplio arco de organizaciones sociales, vecinos y familiares. Asistió también el Secretario de Gobierno Municipal de Florencio Varela, Andrés Watson, junto a funcionarios del área de seguridad y de Derechos Humanos, quienes fueron interpelados, a partir de sus responsabilidades institucionales y ante la evidente ineficacia de las medidas tomadas hasta el momento.
En la asamblea se discutió largamente sobre la necesidad de plantear con toda frontalidad la magnitud de este nuevo conflicto social. Por un lado, porque implica una violenta disputa territorial que tiene a nuestros pibes como uno de los objetivos principales, capturados como consumidores y como mano de obra cautiva de los transas en los barrios. Esta red es directamente policial y política: se articula con la complicidad de los más altos niveles institucionales (fuerzas de seguridad del Estado, el poder político y judicial). Sólo así se entiende el nivel de impunidad con que estas bandas pueden atacar a vecinos y organizaciones, destruyendo el tejido social de nuestras comunidades.
De la asamblea surgió la conclusión de que este problema excede las competencias y poderes del gobierno municipal, aunque esto no los exime de sus responsabilidades. Al mismo tiempo, quedó claro que los movimientos sociales están frente a un nuevo desafío: replantear la lucha por la vida en los barrios frente al terror que impone el poder de muerte de estas bandas y evitar caer en la lógica del enfrentamiento que lo favorece. En este sentido también se discutió, como problema, qué tipo de articulaciones son necesarias para fortalecer las organizaciones de base y enfrentar este creciente poder territorial. El dilema político fundamental, entonces, es cómo enfrentar estas formas de reorganización mafiosa que pretenden comandar los territorios subordinando las instituciones, expropiando las vidas de los pibes y erradicando de los barrios a las organizaciones populares.
Quedó el compromiso de continuar en situación de alerta y autoprotección, además de proyectar nuevas actividades.
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