La CTA de la Provincia de Buenos Aires repudia y exige el fin del hostigamiento y la persecución a las organizaciones sociales en la provincia de Jujuy. Es urgente la intervención del Poder Judicial.

La policía provincial de Jujuy realizó, en el día de hoy, una serie de allanamientos masivos y simultáneos a más de una decena de agrupaciones populares de diferentes localidades, con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita.

Los allanamientos se realizaron en sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en San Salvador de Jujuy, y otros puntos de la provincia. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, elementos informáticos y documentación sin la posibilidad de que intervengan abogados defensores ni peritos de parte que controlen el proceso.

Se trata de una causa iniciada de oficio por el fiscal provincial Diego Ignacio Funes, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2, en tanto que las medidas fueron autorizadas por el juez de Control Rodolfo Miguel Fernández.

Los hechos se producen luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, visitaran a Milagro Sala, detenida arbitrariamente hace casi 7 años, quien fue internada en el marco de un creciente hostigamiento por parte de las autoridades jujeñas tanto políticas como judiciales.

Esta es una nueva demostración de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy, de la falta de protección de los derechos humanos y de la persecución política y judicial que lleva adelante el Gobierno de Gerardo Morales para criminalizar y amedrentar a las organizaciones sociales.

Consideramos urgente la intervención del poder judicial jujeño, la liberación de la compañera Milagro Sala y el fin de la persecución política y judicial.