El gobierno de Macri ha decidido poner fin a a las moratorias previsionales, una de las políticas más inclusivas de la historia de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, que entre su primer y segunda etapa permitió el ingreso de cerca de 3.5 millones de personas que venían de la desprotección social.

La primer moratoria surgió a fines de 2004, en el gobierno de Néstor Kirchner, como una manera de reparar el alto grado de desprotección de los adultos mayores. La moratoria fue una política pública que permitía que se cancelara la deuda de aportes en simultáneo con el cobro de la jubilación, lo que garantizó que pudieran incluirse aquellos que venían de los sectores más postergados y que nunca habían sido incluidos en otras modalidades de moratorias que habían existido previamente. En esa primer etapa, ingresaron 2,7 millones de personas, de las cuales más del 80% fueron mujeres. Por eso se rebautizó como “Jubilación de Ama de Casa”, y significó para muchas mujeres adultas mayores la primera vez en la historia en que se les reconoció el derecho a la jubilación después de toda una vida de trabajo de cuidado al interior de sus hogares y de trabajos informales, en negro, o de desocupación en el mercado laboral. La moratoria previsional se convirtió en una potente política de género que restituyó el derecho a la seguridad social a millones de mujeres. La segunda etapa de la moratoria fue en 2014, sancionada como Ley 26.970 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se incluyeron otro millón más de personas. Otra vez, la gran mayoría fueron mujeres.

Desde la asunción del actual gobierno, y con más ímpetu a partir del regreso del FMI a condicionar las políticas de nuestro país, se viene atacando sistemáticamente nuestro sistema de seguridad social. Desfinanciando el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, bajando el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, arremetiendo contra políticas de inclusión como la moratoria. En 2016, con la sanción de la mal llamada Ley de Reparación Histórica, el gobierno de Macri decidió que iba a remplazar las moratorias por una pensión no contributiva. Para aquellas personas mayores que al momento de jubilarse no contaran con todos los años de aporte, se creó la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que es una prestación de menor calidad (paga un 80% del haber mínimo, lo que significa que es una miseria: $8.328), no genera derecho a herencia (lo que significa que no otorga derecho a pensión) y no es compatible con otros ingresos como podría ser el cobro de una pensión (muchas mujeres reciben pensión y jubilación) o cualquier tipo de continuidad laboral. La PUAM, es un pasaporte a la miseria para nuestras personas mayores. En especial para las mujeres, en una sociedad que, como ya está demostrado, nos condena a nosotras a los peores trabajos (los peor remunerados, los no registrados) además de hacer cargar en nuestras espaldas los trabajos de cuidado reproductivo. Pero doblemente perverso, la PUAM también significó el aumento de 5 años en la edad jubilatoria de las mujeres pobres, al equiparar en 65 años la edad de acceso para todos los solicitantes, deshaciendo de un plumazo un derecho adquirido.
Producto de las resistencias parlamentarias, se consiguió prorrogar la Moratoria entre 2016 y el 23 de Julio de 2019 como modo de empalme con esta nueva PUAM, en especial para las mujeres, porque la moratoria para los varones se cerró en el año 2017.
Ahora, apurados por la imposición del FMI que quiere acelerar los tiempos, vemos cómo con el anuncio del fin de la moratoria se siguen consagrando las políticas anti-derecho de la gestión Cambiemos.

Eliminar la moratoria previsional es una medida que atenta contra los derechos de todas las personas mayores, pero en especial de las mujeres. Las tareas domésticas y de cuidado son trabajo cotidiano para las mujeres, invisibilizado y no remunerado. Con el fin de la moratoria, también termina derecho a la jubilación y el reconocimiento de esa labor. El impacto no sólo es económico sino que impacta también sobre las relaciones de poder dentro de las familias. Un persona adulta mayor con independencia económica es una persona que tiene posibilidades de decidir sobre su propia vida.

Por eso decimos que es una medida patriarcal, de ajuste y de enorme injusticia social.

Cristina Echegoyen
Sec. Igualdad de Géneros y oportunidades

Juan Vitta
Sec. Previsión Social

CTA de les Trabajadores