ESTO QUEREMOS PARA LA PATRIA
Como ya hemos afirmado en comunicaciones anteriores, los integrantes de este Foro “tratamos de sostener un espacio de encuentro, de reflexión, de propuesta y de acompañamiento, con la intención de reunir diversidad de miradas e intereses sobre la problemática del trabajo y del mercado interno, tanto en lo general, nuestro país, como en lo local nuestro distrito, acompañando dentro de nuestras posibilidades las realidades más difíciles e intentando generar propuestas superadoras de esas realidades”.
En esta oportunidad ofrecemos nuestra reflexión, motivada por la circunstancia de estar atravesando un año de definiciones electorales, al mismo tiempo que observamos un claro deterioro de la situación social de la población. Si bien el Foro no asume banderías partidarias, sus integrantes sentimos la obligación y la necesidad de explicitar nuestro pensamiento al respecto.
VEMOS que (por nombrar sólo algunos aspectos de la realidad)
Cada día se pierden muchos puestos de trabajo formal.
Las personas que aún conservan su trabajo sufren el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo del salario respecto al costo de vida, sobre todo en los rubros de los alimentos, salud y transporte.
Los trabajadores y trabajadoras jubilados y las personas pensionadas, también han sufrido recortes en sus haberes y un aumento desmedido en el precio de los medicamentos que consumen.
El mercado interno se destruye por la pérdida del poder de compra de la población.
La industria nacional, sobre todo el sector de las PyMEs, pierde competitividad para los mercados interno y externo por la apertura indiscriminada de las importaciones y por el alto costo de las tarifas de los servicios que utilizan para su producción.
Los denominados servicios públicos (provisión de energía, agua y transporte) han pasado a ser considerados meros productos de mercado, con aumentos inalcanzables para la población en general y para las empresas de producción en particular, desconociendo su valor como parte integral de los derechos humanos de las personas y de las familias.
Se desfinancia el sistema de previsión social afectando a jubilaciones y pensiones, becas por discapacidad, planes sociales y créditos para la vivienda.
Se privilegia en el Presupuesto Nacional el pago de la deuda externa, contraída de manera poco clara y sin que se evidencie alguna inversión de bien público hecha con la misma.
Se percibe una manipulación asfixiante de los medios de comunicación social.
El acceso a la Justicia parece lejano para los sectores más pobres de la sociedad, al mismo tiempo que el Poder Judicial es percibido como una herramienta al servicio de los poderes políticos y económicos que claramente no tienen como prioridad la construcción del Bien Común. Así, por ejemplo, medidas cautelares propuestas por grupos oligopólicos conservan su vigencia más tiempo de lo previsto impidiendo que se cumpla con una ley aprobada en el Congreso, mientras que otras cautelares que procuran la preservación del medio ambiente y la salud de la población son desechadas rápidamente.
Se detiene arbitrariamente a personas, al mismo tiempo que no se respeta el principio de presunción de inocencia. Hemos vuelto a utilizar en nuestra Patria la dolorosa expresión de presos políticos.
Se instalan, con funciones confusas, en territorio nacional bases de organismos extranjeros de seguridad.
Corre serio riesgo de perderse la Soberanía Alimentario, al mismo tiempo que somos el lugar del planeta donde más agrotóxicos se utilizan, hecho que fue denunciado por múltiples organizaciones promotoras de salud.
En un año electoral se insiste en introducir cambios en el sistema de emisión y control del voto ciudadano, que le quita transparencia y alienta el amargo sabor del fraude, propio de otras épocas que creíamos superadas.
Las representaciones políticas, sindicales y parlamentarias pierden legitimidad por sus acciones, omisiones y silencios.
Ante estas realidades AFIRMAMOS los siguientes valores
El sentido último de la actividad económica es sostener la vida personal y colectiva del ser humano, así como proteger la naturaleza, como derecho inalienable de las generaciones futuras.
El sentido prioritario de la acción política es la construcción del Bien Común.
Toda forma de violencia (física, verbal, económica, social, de género, comunicacional) es contraria a la acción política, que tiene como herramientas fundamentales el diálogo y la búsqueda de consensos.
El trabajo es la clave de la cuestión social y mediante el mismo la persona acrecienta su dignidad y genera relaciones de solidaridad con sus semejantes.
El salario es uno de los signos más claros para evaluar el estado de la Justicia Social de una Nación. Por el salario se distribuye la riqueza producida por la clase trabajadora, riqueza que pertenece a la nación toda y no sólo a un grupo privilegiado.
Los accesos a la salud, la educación, la administración de la justicia, la información veraz y los servicios públicos deben ser considerados como derechos humanos y, por lo tanto, inalienables.
Las llamadas leyes del mercado no solucionan todos los problemas que se generan en las relaciones sociales, para eso está la política, que es el modo comunitario de organizar la solidaridad.
La Soberanía Alimentaria es parte esencial de la Soberanía Política.
En el actual régimen democrático el voto del ciudadano es una herramienta de construcción política que no debe ser manchada por ninguna acción espuria y su control debe ser accesible a cualquier persona con el solo requisito de saber leer y escribir.
La libertad es uno de sus bienes más preciados, por lo tanto ninguna persona puede ser privada de la misma a través de procedimientos judiciales sospechados de parcialidad.
El territorio nacional y los recursos que en él se encuentran pertenecen al Pueblo, y los Estados Provinciales y Nacional deben ser responsables en su utilización. Afirmamos que son inembargables por cualquier poder político o económico extranjero.
La legitimidad de la deuda externa contraída por un gobierno debe ser evaluada en directa relación con el bienestar que genera en la mayoría del Pueblo, sobre todo de los más humildes. De no ser así los organismos pertinentes del Estado deben denunciarla.
Por lo tanto NO QUEREMOS que
La economía esté al servicio de la especulación financiera.
El salario sea considerado “un costo más” en el proceso de producción.
Se desarticulen y desfinancien los sistemas públicos de Educación y Salud.
El salario de los trabajadores activos y jubilados sea una variable de ajuste dentro del gasto público.
Las cadenas de generación de precios sean mecanismos oscuros al servicio de los especuladores e inaccesibles para el análisis público.
Leyes de semillas propuestas para beneficio de oligopolios internacionales destruyan la producción de alimentos por parte de la economía agraria familiar y popular.
La población, y sobre todo los más pobres, queden a merced de empresas monopólicas en la provisión de los servicios públicos.
Las personas que ejercen la conducción en instituciones partidarias, sindicales y de gobierno olviden el mandato que les impuso la población y los afiliados al elegirlas.
La violencia de género siga cobrando vidas impunemente.
La construcción sea sólo un negocio inmobiliario de grupos económicos poderosos mientras que el acceso a la vivienda familiar sea un sueño inalcanzable para los más humildes.
El Poder Judicial se convierta en un factor de coerción y miedo para la mayoría del Pueblo.
Por lo tanto SÍ QUEREMOS que
Se legisle para tener un control efectivo del ámbito financiero, que –en estos tiempos de poder “buitre” globalizado- tiene la capacidad de desestabilizar gobiernos y economías nacionales.
Se establezcan paritarias libres y se respeten los convenios colectivos de trabajo, tanto en lo salarial como en las condiciones en que la tarea se realiza.
Sea prioridad la defensa de la producción nacional y, por consiguiente del empresariado y el trabajador de nuestra Patria.
La Economía Social deje de ser un apéndice informal para desocupados y pobres y se convierta en el objetivo a alcanzar como forma más justa de distribuir la riqueza que el Pueblo produce con su trabajo.
Se prohíba, igual que en otros países, el uso de agrotóxicos.
Se recupere, por lo menos, el 6% del presupuesto nacional para la educación.
Se terminen de construir y se inauguren (los ya construidos) hospitales públicos, independientemente de la gestión gubernamental que los haya iniciado.
Se restablezca, a nivel del Estado nacional, la categoría de Ministerio para el ámbito de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología.
Se recupere la claridad e idoneidad sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
No haya presos/as políticos/as.
La solución a los reclamos sociales sea políticas sociales y no aumentos del poder de represión del Estado.
Se potencien, con presupuestos adecuados, los organismos y las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes, así como la lucha contra toda forma de discriminación y violencia contra la mujer.
La comunicación social sea considerada como parte del Bien Común y, por lo tanto pueda ser efectivamente fiscalizada por el Estado y las instituciones civiles creadas para ello.
Se hagan efectivos planes de créditos para la adquisición de la vivienda familiar cuyas cuotas se regulen de acuerdo a la variable salarial y no en relación a una moneda extranjera.
Nuestras formas de ejercicio de ciudadanía dejen de ser sólo representativas y paulatinamente se transformen cada vez en democracia participativa, capaz de accionar rápidamente sobre los representantes que traicionen el mandato que les dio el Pueblo.
Con esta reflexión, hemos querido hacer nuestro aporte a todas las personas de buena voluntad con quienes compartimos el deseo y la responsabilidad de construir, en unidad y en paz, una sociedad más justa.
Morón, provincia de Buenos Aires, marzo de 2019.
