Este hecho se constituye como la peor masacre en una comisaría bonaerense, cuyo agravante es la negligencia del Estado provincial al no acatar la orden judicial que impedía el alojamiento de presos en dicha sede policial, e incluso alojando a casi el triple de la capacidad permitida.
Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria existen 4042 personas detenidas en las comisarías de la provincia cuando su capacidad es de 1000 personas.
Desde la CTA no estamos dispuestos a mirar para otro lado, no creemos en las responsabilidades por la mitad, denunciamos la responsabilidad del gobierno, que hipócritamente, naturaliza, y oculta estas muertes, como la de los militantes sociales asesinados, manteniendo un doble estándar, según el cual los responsables de la marginación y la violencia de la pobreza, no solo no son juzgados, sino que son premiados, con negociados del Estado, mientras que las verdaderas víctimas, son estigmatizadas, empobrecidas, marginadas y finalmente eliminadas.
El Gobierno es responsable. Ni un muerto más, en ámbitos de encierro en la provincia de Buenos Aires
