La declaración, que hace suya la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA), indica textualmente:

"La Coalición por una Radiodifusión Democrática alerta a todos los argentinos sobre las maniobras de un puñado de empresarios propietarios de medios de comunicación oligopólicos vienen promoviendo en la justicia para impedir la aplicación de la ley 26522, de servicios de comunicación audiovisual, aprobada mayoritariamente por el Congreso de la Nación y promulgada por la Presidenta Cristina Fernández en octubre de 2009.

Advertimos a la población que:

Las órdenes judiciales de suspensión de parte o toda la ley ataca al corazón del proceso de democratización de las comunicaciones. Tanto en impedir la desmonopolización de la propiedad de los medios, cuanto en obstaculizar que los argentinos podamos acceder a información pluralista y diversa.

Los grandes grupos económicos y los multimedios –cuatro empresas controlan el 80% de los contenidos audiovisuales en la Argentina- por sí o por terceros, ponen en jaque la aplicación de la ley con el solo objetivo de perpetuar su poder manteniendo la ley de la dictadura y eximiendo a los medios de la obligación de transparencia, pluralismo, producción nacional, propia y local que exige la nueva ley.

Se pretende impedir que las mayorías y minorías parlamentarias, las provincias, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, empresarias y sindicales y las universidades tengan voz y voto para decidir el destino de la política de comunicación del país, para que quede atada al deseo de los multimedios y su capacidad de presión.

Las 300 0rganizaciones que integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, convocamos al Gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, a los integrantes del Parlamento, a los jueces de la Nación y las organizaciones sociales a garantizar la pronta aplicación de la Ley.

El Poder Judicial no debe pasar a la historia como quien impidió que las mayorías nacionales que lucharon y luchan por la libertad de expresión y el derecho a la información vuelvan a quedar silenciadas".